De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Un total de 453 personas, 451 en prisión preventiva del Centro de Reinserción Social (Cereso) La Toma, en Amatlán, y dos en arraigo domiciliario, ejercieron su derecho al voto anticipado para las elecciones locales del 1 de junio, en un hecho que refuerza el principio de que las personas sin sentencia conservan sus derechos civiles, incluido el sufragio.
Oliver González Pérez, vocal ejecutivo del 16° Consejo Distrital del INE en Córdoba, detalló que, aunque inicialmente se acreditaron 481 internos del penal interesados en participar, sólo 451 lograron votar. La diferencia, 30 casos, se debió a que algunos recuperaron su libertad o recibieron una sentencia condenatoria antes del proceso, lo que, bajo la ley, les inhabilitaría para sufragar. A estos se sumaron dos votos de personas en arraigo domiciliario.
“Quienes están en prisión preventiva no han perdido sus derechos. Este ejercicio demuestra que el sistema electoral prioriza la presunción de inocencia y garantiza la inclusión”, subrayó González Pérez.
Para garantizar transparencia, el instituto capacitó a funcionarios y estableció protocolos de seguridad. En el caso de los votos domiciliarios, 28 ciudadanos recibieron boletas en sus hogares desde el 12 de mayo.
El caso destaca un debate jurídico recurrente: mientras la Constitución mexicana establece que sólo las personas sentenciadas pierden derechos políticos como el voto (artículo 38), quienes enfrentan procesos penales, incluso en prisión preventiva, mantienen su estatus de ciudadanía plena.
Los votos, resguardados por Seguridad Pública (SSP), permanecerán en bodegas del instituto hasta el 1 de junio a las 18:00 horas, cuando se hará el conteo público.
