AGENCIA
Washington, D.C.- El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó este miércoles la aceptación oficial de un avión Boeing 747-8 donado por el gobierno de Qatar, destinado a ser utilizado por el expresidente Donald Trump como Air Force One, lo que ha provocado una fuerte polémica política, legal y ética en el país.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó que la aeronave fue incorporada “de acuerdo con todas las reglas y regulaciones federales”, tras ser evaluada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Aseguró que se implementarán medidas de seguridad y adecuaciones técnicas para su uso como transporte presidencial.
El presidente Trump calificó el gesto como “genial”, y aseguró que se trata de un regalo a la Fuerza Aérea de EU, no personal, que servirá para sustituir un modelo antiguo. Añadió que Qatar también ha prometido importantes inversiones en el país, y negó que el acto tenga tintes de corrupción o soborno.
Sin embargo, el anuncio desató una oleada de críticas en el Congreso y entre sectores políticos y sociales, al considerar que la aceptación del regalo podría violar la Cláusula de Emolumentos de la Constitución, que impide a funcionarios federales aceptar obsequios de gobiernos extranjeros sin autorización del Congreso.
Un “palacio volador” en el centro de la tormenta
El Boeing 747-8, valuado en aproximadamente 400 millones de dólares, es considerado uno de los regalos más costosos jamás recibidos por el gobierno de EU. Críticos señalan que el gesto de Qatar podría representar un intento de ganar influencia en la administración Trump, especialmente ante su posible regreso a la Casa Blanca en 2025.
La activista conservadora Laura Loomer cuestionó la procedencia del regalo, afirmando que proviene de un gobierno que “ha financiado a grupos como Hamas y Hezbollah”, mientras que el Comité Nacional Demócrata acusó a Trump de priorizar su enriquecimiento y el de sus aliados.
Reacción del Congreso: Presión, legislación y freno político
En respuesta, legisladores de ambos partidos exploran vías para bloquear o limitar el uso del avión, incluyendo enmiendas a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) y proyectos de ley específicos que prohíban el uso de fondos públicos para su modificación o mantenimiento.
El senador demócrata Chuck Schumer presentó una iniciativa para impedir que el Pentágono destine recursos al avión, calificando el acuerdo como “un riesgo histórico de seguridad nacional con trasfondo de corrupción”.
En la Cámara de Representantes, el congresista Greg Meeks propuso una legislación para obligar al gobierno a entregar al Congreso toda la documentación relacionada con el obsequio y frenar cualquier transferencia desde Qatar.
Tensiones entre republicanos y demócratas
Aunque el Congreso está bajo control republicano, la polémica ha generado fisuras internas, con algunos legisladores del propio partido de Trump manifestando reservas sobre los riesgos de seguridad, el precedente ético y la posible percepción pública negativa.
El senador Chris Murphy incluso propuso bloquear una venta de armas por mil 900 millones de dólares a Qatar, como protesta por el regalo. Y los demócratas en el Comité Judicial de la Cámara, liderados por Jamie Raskin, presentaron una resolución simbólica invocando la Cláusula de Emolumentos para sentar un precedente político y legal.
En juego: La seguridad, la transparencia y la Constitución
Mientras la Casa Blanca defiende la legalidad del proceso y asegura que el avión será transferido a la biblioteca presidencial de Trump una vez deje de estar en servicio, el escándalo marca un nuevo capítulo de tensión institucional, con potenciales consecuencias legales, legislativas y electorales.
Con el reemplazo de los actuales Air Force One retrasado hasta al menos 2029, y el contrato con Boeing enfrentando sobrecostos, el “regalo volador” de Qatar se ha convertido en símbolo de las complejas intersecciones entre diplomacia, poder político y ética presidencial en la antesala de un nuevo ciclo electoral.
