AGENCIA
Washington, D.C.- El gobierno del expresidente Donald Trump llevó a cabo la deportación de ocho individuos considerados de alta peligrosidad, quienes fueron trasladados en un vuelo desde Texas hacia Sudán del Sur. Entre ellos se encuentra Jesús Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano que enfrenta una condena de cadena perpetua por asesinato en segundo grado.
Aunque los deportados fueron enviados físicamente a Sudán del Sur, el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los ocho individuos aún permanecen bajo custodia estadounidense y que Sudán del Sur no es necesariamente su destino final.
“Llevamos a cabo un vuelo de deportación desde Texas para remover a algunos de los individuos más bárbaros y violentos ilegalmente en Estados Unidos. Ningún país quería aceptarlos porque sus crímenes son únicos, monstruosos y bárbaros”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Relaciones Públicas del DHS, en conferencia de prensa.
Además del caso de Muñoz Gutiérrez, el DHS detalló que los demás deportados ya habían sido encontrados culpables de delitos como asesinato y violación, y fueron clasificados como una amenaza a la seguridad nacional y pública.
Sin embargo, la deportación generó controversia luego de que un juez federal en Boston emitiera una orden para impedir que los individuos fueran entregados a Sudán del Sur, citando preocupaciones sobre posibles violaciones a sus derechos humanos en ese país. La orden llegó cuando el vuelo ya había aterrizado, por lo que prohibía su entrega a cualquier gobierno extranjero, pero no exigía su retorno inmediato a territorio estadounidense.
Según Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la operación se realizó luego de que los países de origen de los deportados se negaran a recibirlos de regreso, complicando aún más su situación migratoria.
Por el momento, el destino final de los ocho individuos permanece incierto, aunque el DHS confirmó que siguen bajo su custodia en espera de resolver el litigio judicial que detiene su entrega a otro país.
