AGENCIA
Nacional.- Las recientes declaraciones de Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más influyentes de México y el mundo, han desatado una “ola” de críticas y preocupación entre diversos sectores sociales. Durante la Cumbre Mundial de Premios Nobel, celebrada en Monterrey en septiembre de 2024, Slim propuso la eliminación de los programas de Pensiones del Bienestar, argumentando que el gobierno debería, en cambio, enfocarse en generar empleo para la población jubilada. Una afirmación que resulta, como mínimo, insensible frente a la realidad de millones de adultos mayores en el país.
México cuenta con una población envejecida creciente: más de 15 millones de personas tienen 60 años o más, y se estima que para 2050 esta cifra podría duplicarse. En ese contexto, los programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga 6 mil 200 pesos bimestrales a mayores de 65 años, no son dádivas ni mecanismos de dependencia, sino un acto de justicia social, una forma de reconocer a quienes construyeron el país durante décadas y hoy enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
La visión de Slim, centrada exclusivamente en la productividad y la autosuficiencia, ignora que una buena parte de la población jubilada no puede -ni debe- ser forzada a reincorporarse al mercado laboral. Muchos adultos mayores enfrentan enfermedades crónicas, limitaciones físicas o viven en zonas rurales donde el acceso a oportunidades laborales es prácticamente inexistente.
Más allá de los discursos sobre paz y bienestar, resulta contradictorio que uno de los hombres más ricos del planeta, cuya fortuna personal se calcula en más de 90 mil millones de dólares, proponga recortar programas esenciales para la población más vulnerable, mientras se beneficia de un sistema económico históricamente desigual. ¿Debe una persona de 75 u 80 años trabajar para sobrevivir, mientras las grandes fortunas se multiplican sin tocar el suelo?
El planteamiento del empresario parece desconectado del contexto social que vive México: Con altos niveles de desigualdad, informalidad laboral y sistemas de salud públicos sobrecargados. La supuesta “contribución productiva” que Slim sugiere como solución no responde a las necesidades urgentes de quienes viven con pensiones mínimas, sin seguridad social ni respaldo familiar.
Por otro lado, señalar que el gasto en pensiones es un obstáculo para el desarrollo, sin mencionar el impacto que tienen los regímenes fiscales favorables para grandes empresas o los contratos millonarios del sector privado con el Estado, resulta cuando menos hipócrita.
Si bien es válido discutir la sostenibilidad a largo plazo de los programas sociales, esa discusión debe partir del respeto a la dignidad de las personas mayores y no desde la lógica de eficiencia empresarial. El desarrollo no puede construirse a costa de quienes ya entregaron su vida al trabajo. Proponer eliminar sus pensiones equivale a despojarlos, nuevamente, del derecho a una vejez digna.
La paz social que Slim dice buscar no se construye negando derechos, sino garantizándolos.
Es correcto, se les hace excesivo que reciban 3 mil pesos mensuales los adultos mayores, que no tuvieron pensión por los gobiernos neoliberales, pero no dicen nada con los 8 millones mensuales que ganan los ministros de la SCJN , así la hipocresía de algunos.
Combatir la desigualdad no trata de acabar con la generación de riqueza, sino de incrementar la movilidad socioeconómica de todos los estratos sociales y generar las condiciones para que los estratos bajos y medios puedan incrementar sus ingresos a la par de los más altos.
Pero si Morena fue quien metió esa propuesta de reforma a la congeladora, no olviden que también los chairos conservadores son empresarios como el changoleón legislativo con su Pato Pascual, Lulú y Boing.
