Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.— “Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisiones de este país”, proclamó Hugo Aguilar Ortiz durante su postulación. Hoy, esa consigna se convierte en realidad: se ha convertido en el segundo indígena —después de Benito Juárez en 1858— en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, lo que en apariencia es un paso histórico para la inclusión, también ha desatado un profundo malestar en comunidades originarias que cuestionan su legitimidad y señalan su cercanía con los intereses del poder.
Para la administración de la Cuarta Transformación, la designación de Aguilar representa un triunfo simbólico y político. No sólo es un rostro indígena al frente del máximo tribunal del país, sino también un aliado estratégico: su historial incluye haber sido operador clave en la implementación de megaproyectos impulsados por el presidente López Obrador, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que han sido ampliamente cuestionados por comunidades afectadas.
Pero para decenas de pueblos indígenas —en especial en estados como Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán— Aguilar representa justo lo contrario de lo que prometió: no un defensor de sus derechos, sino un burócrata que ha facilitado el despojo de tierras mediante consultas amañadas, decretos sin consenso y la cooptación institucional de representantes indígenas.
“Él no nos representa. Su voz no es la de los pueblos, es la voz del gobierno”, denunciaron en entrevista integrantes de asambleas comunitarias en Oaxaca, quienes además acusan que Aguilar ha guardado silencio frente a denuncias de acoso sexual y laboral al interior del Poder Judicial, incluyendo casos en los que víctimas de origen indígena han sido revictimizadas o ignoradas.
Organizaciones civiles también advierten que su ascenso a la presidencia de la Corte se produce en un contexto de debilitamiento del Poder Judicial, al que se intenta subordinar al Ejecutivo. Para ellos, su nombramiento no representa un avance en la justicia para los pueblos originarios, sino una estrategia de legitimación política.
Si bien Aguilar ha reiterado su compromiso con la pluralidad y la defensa de los derechos indígenas, sus acciones pasadas —como validar la consulta del Tren Maya, señalada por organismos internacionales por violar estándares de consulta libre, previa e informada— pesan más que sus discursos. Y eso lo sabe la base social que ahora alza la voz: “No se trata de la etnia del juez, sino de su compromiso con la justicia. Y Aguilar ha estado del lado del despojo.”
El reto, entonces, no será sólo encabezar la SCJN en un periodo de tensiones institucionales, sino demostrar que puede representar algo más que el rostro indígena del poder. Para muchos pueblos, hoy por hoy, ya ha fallado en eso.
