De la Redacción
EL BUEN TONO
Fortín.- Mientras el municipio arrastra problemas de infraestructura, servicios públicos deficientes y falta de vivienda digna para cientos de familias, el presidente municipal Gerardo Rosales Victoria acumula un sospechoso patrimonio inmobiliario que involucra directamente a su esposa y a su hijo.
Desde 2021, año en que asumió la presidencia, el alcalde ha escriturado múltiples propiedades a nombre de su familia, convirtiéndose, en los hechos, en uno de los nuevos terratenientes de Fortín.
Documentos oficiales en poder de El Buen Tono revelan que al menos 13 propiedades han sido escrituradas a nombre de Olga Juárez Rodríguez, titular del DIF municipal, y Ariel Gerardo Rosales Juárez, su hijo. Estos inmuebles se ubican en diferentes puntos del municipio y representan un crecimiento patrimonial injustificable para una familia que, al inicio de la administración, no figuraba como propietaria de bienes inmuebles relevantes.
Uno de los casos más notables es el de un terreno ubicado en el Rancho San Hipólito, en la congregación Tlacotengo. Según consta en la escritura pública número 33,720, fechada el 18 de septiembre de 2023 y formalizada ante la Notaría No. 7 de Córdoba, Olga Juárez figura como titular del usufructo vitalicio, mientras que su hijo aparece como propietario de la nuda propiedad.
El predio, originalmente de 873 metros cuadrados, fue posteriormente “aclarado” por Catastro Municipal, aumentando su superficie a 2 mil 125 metros cuadrados. La modificación fue inscrita el 22 de noviembre de 2023 y ha generado fuertes sospechas por su carácter irregular.
Otro terreno fue adquirido en 2022, ubicado en el camino a Villa Unión, con una superficie de 1,957 metros cuadrados, y también quedó inscrito a nombre del hijo y la esposa del presidente. Esta operación fue registrada ante la Notaría No. 19 de Fortín con el número 1,594 en el Registro Público.
Todas estas maniobras patrimoniales habrían sido posibles gracias a la complicidad de funcionarios municipales, entre ellos el director de Catastro, David Herrera, y el tesorero, José Alfredo Jiménez, quienes habrían facilitado trámites y validaciones administrativas que beneficiaron directamente a la familia del alcalde.
La rápida acumulación de propiedades contrasta con la situación económica previa de la familia Rosales Juárez. De los 13 inmuebles detectados, al menos cuatro cuentan ya con construcción; el resto son terrenos en zonas estratégicas. Incluso se ha documentado que una de las propiedades del alcalde se ubica en la exclusiva zona del Residencial VIP del Campestre, en Córdoba.
Organizaciones civiles exigieron se investigue al alcalde por enriquecimiento ilícito, así como la intervención del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y de la Fiscalía Anticorrupción, ya que los actos podrían configurar delitos relacionados con el uso indebido del poder público y desvío de recursos.
