De la redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- La detención arbitraria de una unidad de transporte Metro, que se prolongó por cerca de seis horas, dejó al descubierto el uso político y la ineptitud del ayuntamiento de Córdoba, donde el poder se concentra en manos de la síndica Vania López González, quien ordenó personalmente el aseguramiento, sin sustento legal, usurpando funciones que competen a Transporte Público Estatal.
La acción fue ejecutada por Tránsito Municipal, a cargo del marino Edgar Castro Meza, quien se ha convertido en el principal defensor del operador del crimen organizado, Manuel Alonso Cerezo. El supuesto teniente de navío egresado de escuela militar, ha demostrado no tener idea de su comisión, ni del marco legal que rige su dependencia.
Lejos de actuar con profesionalismo, fue altanero y prepotente con ciudadanos y subordinados, evidenciando una actitud impropia de un servidor público. Su falta de criterio y su comportamiento fuera de control han generado malestar incluso entre los propios elementos de la corporación, quienes señalan que no hay orden ni dirección clara desde su llegada.
La detención de la unidad reveló la complicidad de la Fiscalía Regional, que en vez de sancionar el abuso, envió a una perito a tomar fotos en un acto de intimidación hacia los operadores, como si se tratara de delincuentes.
Por su parte, Álvaro Gabino, empleado de Política Regional, se dedicó a sólo tomar información y mal informar a sus superiores anteponiendo sus intereses, agregando ingobernabilidad, siendo su primera misión informar a la Gobernadora de los hechos.
