De la redacción
El Buen Tono
Tomatlán, Ver.– Una presunta red de explotación infantil operaría en la comunidad de Tecama, donde material audiovisual y conversaciones de WhatsApp revelan que una mujer estaría facilitando el acceso sexual de su hija menor, de tan solo 12 años, a un hombre adulto. Las pruebas, en poder de este medio, circularon en redes sociales y muestran con crudeza la forma en que se estaría cometiendo el delito.
Pese a la gravedad del caso, el presidente municipal Antonio Flores Cancino, así como Jaquelin García Anaya, titular del DIF Municipal, y Jazive Guadalupe García Ramos, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, han encubierto los hechos al negarse a actuar conforme lo marca la ley. Desde noviembre pasado recibieron una denuncia formal acompañada de pruebas, pero en siete meses no han emitido ni un solo oficio ni activado los protocolos de atención para proteger a la víctima.
La omisión de estas autoridades no solo constituye un acto de negligencia institucional, sino que podría configurarse como encubrimiento ante un delito grave. Además, las dependencias implicadas se negaron a responder los requerimientos de información dentro del plazo legal, alimentando así la sospecha de que están protegiendo a los responsables o buscando que el caso quede impune.
