Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Luego de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Juan Martínez priorizó una obra cuestionada por vecinos y estudios técnicos. El Centro de Transferencia contemplaba 152 impactos ambientales de los cuales 126 eran adversos y las autoridades municipales lo sabían.
El pasado 5 de junio, el presidente municipal Juan Martínez Flores y la síndica, Vania López, anunciaron su compromiso con “acciones que beneficien el medio ambiente de Córdoba”. Sin embargo, documentos oficiales revelan que, paralelamente, impulsaban con opacidad el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en la unidad Homex, un proyecto rechazado por vecinos y con 126 impactos ambientales adversos reconocidos en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Desde mayo de 2022, habitantes de la unidad Colina de San José (conocida como Casas Homex) denunciaron que el ayuntamiento planeaba instalar el centro “frente a sus hogares, sin consultarlos”; los inconformes alertaron que sería “un foco de infección” para familias y comunidades aledañas. Pese a sus protestas, el gobierno ignoró sus demandas, violando el principio de participación ciudadana establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico.
Dicho estudio desnudó los riesgos, y aunque lo sabían las autoridades, esto se iba a imponer. La MIA del proyecto (expediente UT/COR/012/2025) admitió 152 impactos ambientales, de los cuales 126 son adversos (83%) y sólo 26 “beneficiosos”.
Aunque se declaró el proyecto “ambientalmente viable”, se condicionó su éxito al “cumplimiento estricto de medidas de mitigación”, una promesa frágil en un municipio con historial de incumplimiento normativo.
La gestión de residuos en Córdoba se revela como un fracaso rotundo al examinar las cifras oficiales. Los programas municipales de reciclaje, como “Échale la mano al planeta”, apenas lograron recolectar 2.7 toneladas de desechos electrónicos durante 2023, según consta en la respuesta oficial de Ecología (expediente UT/COR/012/2025).
La opacidad persiste en la administración, como evidenció la solicitud de información sobre políticas de separación (folio 300546125000018), respondida con datos fragmentados y evidencia insuficiente que refleja la falta de transparencia institucional.
Mientras el alcalde Juan Martínez promocionaba el Centro de Transferencia como una “solución verde”, la Manifestación de Impacto Ambiental admitió que la obra no mitigaría el daño ecológico existente, limitándose a evitar “desequilibrios críticos” sin abordar los problemas de fondo.
