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Ixhuatlán.- A seis meses de concluir su administración, la alcaldesa, Dora Angélica Galicia Contreras, deja tras de sí un oscuro panorama financiero en el municipio.
Una reciente auditoría del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), reveló irregularidades por más de 45.8 millones de pesos en el Ejercicio Fiscal 2023, desmontando su discurso de “austeridad y transparencia”.
De 31 obras públicas revisadas, siete carecían de contrato, mientras que 5.3 millones de pesos fueron pagados sin facturas ni comprobantes válidos oficiales.
Uno de los casos más graves fue la pavimentación de un camino rural, cuyo costo se infló sin justificación técnica en más del 18 por ciento.
La auditoría también revela que 23.4 millones de pesos en egresos carecen de soporte documental, incluyendo pagos a proveedores que ni siquiera cuentan con Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Peor aún, existen 12 expedientes de obras públicas que “desaparecieron” durante el proceso de revisión.
Las observaciones del Orfis van más allá de lo administrativo, apuntan a violaciones a la Ley de Disciplina Financiera y a la de Obras Públicas, entre ellas la asignación directa de contratos sin licitación y el pago de $1.8 millones a una empresa consultora de la que no existe evidencia de trabajo alguno.
Lo más preocupante es que Galicia Contreras guarda silencio, se niega a responder a las observaciones dentro del plazo legal de 30 días, lo que provocó alarma entre los ciudadanos y organizaciones civiles.
Robo
Durante 2023, el municipio recibió más de 117 millones de pesos en recursos públicos, pero el 80 por ciento de los egresos auditados muestran graves fallas de control y legalidad en su aplicación.
Lejos de ser una gestión responsable, el balance de Galicia Contreras deja un municipio con finanzas cuestionadas y escasa rendición de cuentas a la población que confió en ella.
El colectivo Transparencia MX solicitó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
Demandó sanciones administrativas y procesos penales por desvío de recursos.
“Se trata de un esquema de saqueo institucionalizado que debe castigarse”, manifestó uno de los activistas.
