De la Redacción
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- A menos de 24 horas de haber sido recibidos en la oficina de la síndica Vania López González, amigos y familiares del exregidor Eduardo Mondragón Hernández señalaron haber sido amenazados con denuncias penales, luego de haberse manifestado pacíficamente para exigir justicia y denunciar la fabricación del delito que mantiene al exfuncionario en prisión.
De acuerdo con testimonios recabados por El Buen Tono, la síndica habría ordenado identificar a cada una de las personas que participaron en la manifestación frente a la Fiscalía Regional de Justicia y en el Palacio Municipal, con el objetivo de denunciarlos penalmente por hacer público el señalamiento en su contra.
“Nos recibió en su oficina, nos habló con amabilidad, pero después nos hicieron saber que estaban investigando nuestros nombres y datos para proceder en nuestra contra. Es una amenaza directa, no quieren que hablemos”, señalaron familiares en condición de anonimato.
Esta nueva acción se suma a lo que ya se ha denunciado como un uso sistemático del poder municipal para perseguir, intimidar y acallar voces críticas. La familia de Mondragón reiteró que no buscan confrontación política, sino justicia, y lamentaron que en lugar de esclarecer los hechos, la síndica responda con amenazas legales a quienes exigen rendición de cuentas.
Además, desmintieron públicamente la versión difundida por portales pagados por Vania López, como Monitor Centro, El Informante de Veracruz y Radares Noticias, donde se aseguró falsamente que el exregidor sigue cobrando su salario pese a estar en prisión.
“Esa es una mentira. Eduardo no ha cobrado ni un solo peso desde que fue detenido. El dato se puede verificar en el IVAI o por transparencia en el portal oficial. Lo publican solo para desprestigiarlo”, explicaron.
Pese al hostigamiento, los familiares afirmaron que seguirán luchando por la liberación de Mondragón, incluso llevando el caso ante la gobernadora Rocío Nahle y la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que consideran que en Veracruz se está criminalizando la disidencia política desde el propio gobierno municipal.
