Agencias
Coatzacoalcos.- El reciente decomiso de una mezcladora clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, ha destapado no sólo un grave delito ambiental y económico, sino también una red de complicidades políticas que atraviesa administraciones y partidos. La implicación del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares (PAN) en la autorización de permisos a una empresa fachada, evidencia la persistencia del huachicoleo como un negocio protegido desde el poder.
Lo más preocupante no es sólo la ilegalidad, sino la impunidad estructural. Que una instalación de tal magnitud –con capacidad para producir y almacenar medio millón de litros de combustibles– operara desde 2018, bajo el mandato de Yunes y continuará en la administración de Cuitláhuac García (Morena), revela que el crimen organizado y la corrupción gubernamental son fenómenos bipartidistas.
Aunque autoridades federales han destacado el impacto ambiental y legal de la mezcladora, han evitado señalar con claridad a los responsables políticos que permitieron su operación, entre ellos el exgobernador Yunes Linares.
El hecho de que esta red criminal funcionara desde 2018 y continuará por años evidencia que los gobiernos no han combatido de fondo el huachicoleo, permitiendo que estas estructuras se consolidan al amparo del poder.
Además, la mención de “redes de financiamiento ilegal dentro de Morena” en operativos recientes (Tampico, Ensenada) confirma que el crimen organizado ha infiltrado las estructuras del partido en el poder. Mientras las declaraciones de la presidenta Sheinbaum prometen “no proteger a nadie”, la ciudadanía sigue esperando acciones concretas contra los verdaderos operadores políticos y económicos detrás de estos esquemas.
