Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido un proceso contra el ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, y su alcalde Juan Martínez Flores, según confirmó Manuel Molina Gómez, presidente del Centro de Investigación, Discusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC).
La denuncia, presentada en febrero y aceptada el pasado 22 de abril, acusa a la administración municipal de violaciones sistemáticas a derechos humanos y de incumplir los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Molina Gómez señaló que el gobierno municipal opera en “opacidad” y se niega a rendir cuentas, lo que configura incumplimiento legal. Subrayó que los derechos humanos van más allá de la integridad física e incluyen aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. “Esta administración ha incumplido toda la Agenda 2030. No tenemos agua y la falta de agua puede generar problemas de salud pública”, afirmó, añadiendo que condenar a la población a la miseria y negar servicios básicos puede constituir crímenes de lesa humanidad.
El antecedente inmediato fue una recomendación previa por derechos humanos relacionada con una reforma al Código Penal de Veracruz. En 2023, desde la Cámara de Diputados local, donde Martínez Flores fue legislador antes de ser alcalde, se modificó el artículo 365 sobre violencia institucional, limitando su aplicación sólo a mujeres. Esta redacción excluyó a hombres y personas no binarias, dejando “sin derechos a dos tercios de los veracruzanos”, según denunció CIDIAC.
El proceso ante la CIDH sigue su curso: la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó un informe a la Cancillería mexicana, que derivó la consulta a Presidencia, Gobierno de Veracruz y, finalmente, al ayuntamiento de Córdoba. Si las respuestas no subsanan las fallas, los hechos podrían judicializarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Molina Gómez advirtió que, a diferencia de los tribunales mexicanos, las sentencias de la Corte IDH son inapelables y de cumplimiento obligatorio internacional.
