Juan López
El Buen Tono
Córdoba.- Sin competencia interna y con el respaldo de una estructura controlada a conveniencia, Javier Ramos Bozziere fue reelegido por seis años más como secretario general del sindicato de la CROC de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Córdoba, en un proceso marcado por la falta de democracia, opacidad y sumisión de la base laboral.
Con la participación de apenas 285 trabajadores, el dirigente logró mantenerse en el cargo luego de una convocatoria en la que, curiosamente, ningún otro aspirante se registró, reflejo de un entorno donde impera el miedo, la imposición y el cálculo político. Aunque se presentó una planilla distinta, el rostro al frente sigue siendo el mismo: un personaje señalado por su conveniencia con el poder y su lejanía con las verdaderas causas sindicales.
En su afán de eternizarse en la dirigencia, Ramos Bozziere presume que en dos semanas se reunirá con el impugnado, líder del cártel inmobiliario y lavador del crimen organizado, Manuel Alonso Cerezo; dice que ya pactó y que va a negociar, lo cual expone los intereses oscuros detrás de su reelección, donde la defensa de los trabajadores ha pasado a segundo plano frente a las alianzas con personajes marcados por la corrupción y el crimen financiero.
Cabe recordar que el actual dirigente sindical sigue la línea que durante años defendió su madre, la finada María de Jesús Bozziere Sánchez, quien en vida encabezó el mismo sindicato con firmeza y autoridad, pero también con la idea de mantener el control dentro de la organización. Hoy, su hijo utiliza ese legado con fines personales, no para proteger a la base, sino para perpetuar un modelo de poder caduco y oportunista.
Su cercanía con el lavador de dinero Manuel Alonso, con quien incluso hizo campaña, alimenta las versiones de que Ramos Bozziere ya se siente parte del próximo gobierno municipal y que ha prometido mover influencias desde el sindicato para mantener privilegios y cuotas, incluso a costa de traicionar los derechos laborales de quienes representa.
Durante su discurso, trató de disfrazar su permanencia con logros menores, como la entrega de un bono de 2 mil pesos por uniformes que se pretendía descontar en nómina, y el pago de prestaciones negadas al inicio de la administración. Pero detrás de esa narrativa, el personal sigue desprotegido, sin verdaderas conquistas y sometido a una dirigencia que se ha convertido en cómplice de los abusos del poder.
