AGENCIA
Monterrey, N.L.- El conflicto legal entre el productor musical Cruz Martínez y la cantante Alicia Villarreal ha alcanzado un nuevo y preocupante nivel. Este miércoles, el exintegrante del grupo Kumbia Kings no se presentó a la audiencia programada en el Palacio de Justicia de Monterrey, donde se realizaría la formulación de imputación en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
La inasistencia del músico obligó a suspender la diligencia, generando incertidumbre sobre el curso del proceso legal. Aunque su abogado, Leopoldo Ángel, acudió al recinto judicial, evitó dar detalles y se limitó a señalar que la ausencia de su cliente se debía a un “tema personal”. Al ser cuestionado por los medios sobre la ubicación de Martínez —si en México o en Estados Unidos, donde tiene presentaciones agendadas—, el litigante se negó a confirmar cualquier información.
“Es un tema que no puedo discutir con ustedes, pero vinimos, cumplimos y nos tenemos que ir”, declaró brevemente ante la prensa.
Pese a los intentos del abogado por minimizar la situación, admitió que no presentarse sin una justificación válida podría acarrear consecuencias legales, que van desde sanciones económicas hasta la emisión de una orden de aprehensión.
Del lado de la parte acusadora, los representantes legales de Alicia Villarreal fueron tajantes: informaron que Cruz Martínez ha sido declarado prófugo de la justicia por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Según sus declaraciones, ya se solicitó una orden de captura en su contra, y si se confirma que abandonó el país, las autoridades podrían solicitar la emisión de una ficha roja de Interpol para su localización internacional.
Hasta el momento, ni Cruz Martínez ni Alicia Villarreal han ofrecido declaraciones públicas. No obstante, el equipo de la cantante aseguró que ella fue notificada de lo ocurrido y que se mantiene enfocada en su familia y compromisos profesionales.
Este giro en el caso podría intensificarse en los próximos días si el productor continúa sin comparecer ante las autoridades. De confirmarse la emisión de una ficha roja, el proceso legal adquiriría una dimensión internacional, dificultando aún más su situación judicial.
