Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- La espiral de violencia que azota a la ciudad y el resto del estado particularmente contra servidores públicos, autoridades electas y actores políticos, ha expuesto la incapacidad crónica de los gobiernos municipales para garantizar seguridad básica.
Entre 2018 y 2025, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentan más de 200 agresiones -asesinatos, secuestros, ataques armados y amenazas- contra figuras vinculadas al poder en 89 municipios.
Destaca Córdoba, que ocupa un lugar alarmante en este mapa del terror: con al menos siete eventos graves, incluyendo el asesinato del regidor José Escamilla Aguilera (2021), el homicidio del coordinador municipal del PT Grodetz Ríos (2021) y el secuestro y ejecución de tres policías municipales en una sola jornada (2023).
Estos casos no son hechos aislados, sino síntomas de un colapso institucional donde los ayuntamientos han sido rebasados por la infiltración criminal, la impunidad y la omisión deliberada. La tragedia cordobesa refleja un patrón estatal: El 68% de las agresiones se concentra en funcionarios de seguridad, ejecutivos municipales y candidatos electorales.
