De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Lo que por años fue un secreto a voces toma forma de expediente: en la Fiscalía de Delitos Diversos de Córdoba, la justicia tiene precio. Abogados y víctimas denuncian una estructura de corrupción que cobra cuotas ilegales a cambio de avanzar carpetas de investigación, judicializar casos o garantizar “facilidades procesales”, según el poder económico de quien paga.
Las primeras denuncias de El Buen Tono señalaron directamente a Gema Castañeda Arrollo, fiscal segunda, y a Rubén Ortiz Reyes, fiscal sexto. Hoy, nuevos testimonios confirman que la red abarca a todos los fiscales adscritos a esta unidad, donde los sobornos y la extorsión son parte del funcionamiento cotidiano.
Según fuentes confiables, las tarifas para “acelerar” un caso van de $5,000 por audiencia hasta $10 mil por judicialización. Las víctimas son presionadas a pagar para que su denuncia avance; los imputados, en cambio, pueden obtener beneficios si su capacidad de pago es mayor. La justicia se vende al mejor postor.
Una de las muestras más claras de esta impunidad institucional es el caso de Carlos Vergara, señalado públicamente por violencia contra mujeres, amenazas y adeudos alimentarios. A pesar de los señalamientos y pruebas en su contra, sigue libre, operando con protección institucional, sin que su carpeta avance. Abogados señalan que su caso está congelado deliberadamente por relaciones personales y pagos indebidos dentro de la Fiscalía.
Frente a esta situación, la Asociación Veracruzana de Abogadas y Abogados A.C. (AVAA), emitió un comunicado urgente en el que exige la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado y denuncia que lo que ocurre en Córdoba es una violación grave al Estado de Derecho.
