Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- Mientras el ayuntamiento de Orizaba presume su compromiso con los sectores vulnerables al ofrecer un servicio de transporte gratuito sin concesión legal, al mismo tiempo mantiene una política de represión contra comerciantes ambulantes que luchan por subsistir. Así lo denunció la Coordinadora de la Sociedad Civil, al calificar como “doble moral” la actuación del gobierno encabezado por Juan Manuel Diez Francos.
En palabras del representante de esta organización, Jairo Guarneros Sosa, el gobierno municipal utiliza la Constitución a su conveniencia: “Cuando cuestionamos la operación irregular de los autobuses Gallo, el alcalde respondió que lo respaldaba la Carta Magna. Pero se le olvida que ese mismo documento, en su artículo quinto, garantiza el derecho a ejercer cualquier actividad lícita. Y vender en la calle no es un delito”.
Los recientes operativos implementados por la autoridad local han incluido presencia de elementos de la Marina, lo que generó preocupación entre la población. “Resulta una exageración que usen marinos para intimidar a gente trabajadora. Esa fuerza debería estar combatiendo delitos, no persiguiendo a quienes sólo buscan el sustento diario”, reprochó el entrevistado.
Agregó que por más de una década los comerciantes ambulantes han solicitado permisos sin recibir respuesta, pues el ayuntamiento los considera una “mala imagen” para el turismo. “Este gobierno ha optado por maquillar las calles para los visitantes, aunque eso implique borrar a quienes han sido parte del tejido económico local desde hace años”, concluyó.
La cifra:
Más de 10 años llevan comerciantes ambulantes solicitando permisos legales para trabajar legalmente en el centro de Orizaba y se les ha negado rotundamente.
