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JMD incumple un deber legal; encubre a red de abuso y corrupción

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De la Redacción

El Buen Tono

ORIZABA.- Durante años, el alcalde Juan Manuel Diez Francos permitió —y por ende encubrió— una red de corrupción y abuso al interior de la Policía Municipal de Orizaba. Tras la destitución de dos funcionarias señaladas por extorsión, vejaciones y desvío de recursos, la pregunta inevitable: ¿por qué no las denunció antes si sabía lo que ocurría?

Norma y Xóchitl, ambas con cargos administrativos de alto control en la corporación, fueron finalmente separadas de sus funciones. Pero no por una acción proactiva del gobierno municipal, sino porque las pruebas eran insostenibles y el escándalo comenzaba a hacerse público. La gravedad de los abusos cometidos no deja lugar a dudas: Diez Francos debió poner a estas funcionarias a disposición de las autoridades, no simplemente “removerlas” del cargo.

De acuerdo con testimonios de policías activos y ex elementos, durante al menos tres años Norma y Xóchitl impusieron un régimen autoritario y corrupto: cobraban cuotas por ascensos, imponían castigos arbitrarios, manipulaban facturas de patrullas y humillaban a sus subordinados. Todo esto mientras el ayuntamiento miraba hacia otro lado.

De acuerdo con Ángel García Gómez, representante de la Capellanía Armada Mundial de Paz en México, las ex mandos además desviaron fondos públicos mediante cobros indebidos por reparaciones de patrullas y la manipulación de facturas.

Reiteró en la exigencia a que las autoridades no permitan que el caso quede impune y que se implementen medidas para erradicar la corrupción.

Con ello, queda claro que separarlas del cargo no borra los años de abusos. Si Diez tuvo el valor político para destituirlas, es porque tenía también los elementos suficientes para denunciarlas penalmente. No hacerlo es protegerlas. Y protegerlas es traicionar la confianza de la ciudadanía.

El caso, lejos de cerrarse, debe marcar el inicio de una investigación a fondo sobre quién más se benefició de esta red de corrupción en la Policía Municipal. Las víctimas merecen justicia, y Orizaba merece instituciones limpias, no protegidas por el manto de la impunidad política.

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