Efraín Hernández
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- La corrupción en el DIF municipal durante la administración de Leticia López Landero no solo quedó impune, sino que fue solapada por su sucesor Juan Martínez Flores, quien lejos de denunciar las irregularidades heredadas, se convirtió en cómplice al encubrirlas. Prueba de ello es el gasto de 73 mil 656 pesos en supuestas casetas de resguardo para menores, instaladas en 2021 y abandonadas sin haber cumplido su propósito.
La evidencia, obtenida mediante la solicitud de acceso a la información UT/COR/345/2024, confirma que el recurso se ejerció sin claridad sobre la licitación ni sobre la empresa que fabricó las estructuras. Isaac Luz López, entonces presidente del DIF e hijo de la exalcaldesa, junto con la exdirectora Monserrat Cuenca Villegas, nunca transparentaron el proceso. Las casetas, colocadas en puntos como el parque San José, San Miguel, Cruz Roja y la ESBAO, terminaron arrumbadas sin haber sido utilizadas.
A pesar de que estas “casetas de resguardo” fueron presentadas como una estrategia para proteger a niños en situación de riesgo, no existe ningún registro que demuestre su operación. Se trató de una simulación que permitió justificar el uso de recursos públicos en un proyecto fallido.
Lejos de actuar, la administración actual encabezada por Juan Martínez Flores y su directora del DIF, María Elena Yunes Choperena, guardó silencio a sabiendas de estos antecedentes. No emprendieron auditorías, no denunciaron ante la Contraloría, no abrieron procedimientos administrativos. Eligieron ser tapadera de los excesos del pasado.
Peor aún, en su momento el DIF aseguró haber detectado a 600 menores trabajando en la vía pública en 2020, pero jamás se documentó cómo las casetas iban a resolver ese problema. Hoy, ese número solo sirve para dimensionar el tamaño de la negligencia institucional, agravada por dos gobiernos que han hecho de la impunidad una política común.
