De la Redacción
El Buen Tono
ORIZABA.- En Orizaba la inseguridad se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, pero el alcalde Juan Manuel Diez Francos parece no verlo o no querer verlo. Mientras los ciudadanos enfrentan robos, extorsiones y agresiones diariamente, el gobierno municipal concentra sus esfuerzos en proteger zonas turísticas y cuidar la imagen de “pueblo mágico” que presume.
La decisión de instalar una cámara de vigilancia en la Atalaya de Cristal —un sitio turístico— en lugar de reforzar la seguridad en colonias vulnerables, es una muestra clara de las prioridades recaudatorias de esta administración.
Pero lo más grave no es la indiferencia hacia la inseguridad, sino la complicidad de las autoridades ante las múltiples denuncias que pesan sobre el coordinador de la Policía municipal, Mauricio Rafael Sosa García. Comerciantes, vecinos y hasta ex colaboradores lo han acusado de alterar videos de las cámaras de seguridad para encubrir robos, de extorsionar, de robar en espacios públicos y de agredir a mujeres.
¿De qué sirven las más de 200 cámaras instaladas en la ciudad si están bajo el control de quien ha sido señalado por manipular pruebas y operar como delincuente? ¿Para quién trabaja realmente la Policía Municipal: para proteger a los orizabeños o para vigilar y extorsionar?
Las colonias aledañas de la periferia de Orizaba están convertidas en verdaderos focos rojos. La gente vive con miedo. Los robos de motocicletas y los ataques con arma blanca son constantes. Pero eso no parece importar en el Palacio municipal.
El alcalde Juan Manuel Diez Francos no solo está priorizando la imagen turística por encima de la seguridad de habitantes, sino que por corrupto es cómplice de un coordinador policial bajo sospecha, debilitando aún más la confianza en la corporación.
