Laura A. García
El Buen Tono
Coetzala.- A cuatro meses de que concluya su administración, Alejandro García Hernández, registra una deuda de 5 millones de pesos por adeudos de impuestos y obligaciones laborales incumplidas.
El municipio debe 2.5 millones de pesos en créditos fiscales ante el SAT por evadir el Impuesto sobre la Renta (ISR) de los trabajadores; también un millón al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por omitir las cuotas obrero-patronales.
A lo anterior, se suma 1.5 millones de pesos reconocidos como deuda pública ante el Órgano de Fiscalización del Estado (Orfis).
A pesar de que los pasivos no son nuevos y los documentaron en informes de fiscalización, la administración de García Hernández se negó a pagar, carece de una estrategia para saldarlos antes de entregar el gobierno.
Por esta situación, los empleados municipales enfrentarán problemas con el SAT por ISR no entregado, mientras que su seguridad social está en riesgo por las cuotas que faltaron de ingresar al IPE.
El incumplimiento reiterado podría derivar en multas, embargos, o incluso acciones legales contra funcionarios.
Algunos empleados consideraron como “injusto que después de cuatro años de gobierno, nos dejen problemas sin resolver”.
Temen que la falta de pago les genere problemas a futuro.
Con el cambio de gobierno en puerta, la próxima administración heredará una crisis financiera evitable, lo que podría limitar su capacidad de obra pública y pago de obligaciones básicas.
Organismos como el Orfis y la Auditoría Superior del Estado deberán vigilar que no existan desvíos o malos manejos en los últimos meses de gestión.
El saldo de la administración de Alejandro García Hernández en Coetzala se medirá por obras físicas, pero también por los millones que dejó de pagar de prestaciones laborales y al fisco, un lastre que afectará al próximo gobierno y, sobre todo, a los ciudadanos que pagan sus impuestos.
