Efraín Hernández
El Buen Tono
Córdoba.- En menos de un año, el Ayuntamiento de Córdoba ha recibido apenas 19 mil 416 pesos por el uso de la cafetería, ubicada en el acceso principal del gimnasio El Mexicano, a pesar de que dicho espacio opera de manera continua. Lo anterior fue revelado mediante la solicitud de Acceso a la Información con folio 300546125000190, que expuso una cadena de irregularidades, omisiones y encubrimiento por parte de funcionarios municipales para proteger a Jessica Martínez, hija del presidente municipal Juan Martínez Flores, quien ha sido señalada por operar el establecimiento.
A través de dicha solicitud, se pidió de forma específica saber desde cuándo Jessica Martínez hace uso del local, bajo qué condiciones lo ocupa, si existe contrato de arrendamiento y el monto mensual que se paga por la renta. Sin embargo, la respuesta del titular de la Coordinación Municipal del Deporte (Comude), Rosalío Martínez Armillas, se limitó a negar que la hija del alcalde utilice el espacio y a asegurar que existe un convenio con otra persona, sin presentar pruebas de su versión.
Por su parte, la tesorera Rosa María Velasco Ramírez confirmó que el inmueble es de dominio público y que se encuentra ocupado desde agosto de 2024 hasta julio de 2025, periodo en el cual —según su informe— se han recibido cinco pagos irregulares:
23 de agosto de 2024: $6,699
25 de septiembre de 2024: $3,080
13 de enero de 2025: $770
31 de marzo de 2025: $3,230
9 de julio de 2025: $5,637
Los pagos no sólo son variables e inconsistentes, sino que no cubren todos los meses del año de uso reportado. Octubre, noviembre y diciembre de 2024; febrero, abril, mayo y junio de 2025 no presentan ingreso alguno. A pesar de esta evidente omisión, ni Comude ni Tesorería han exigido los pagos faltantes ni han iniciado procedimiento administrativo alguno.
El silencio cómplice de los funcionarios municipales y la falta de documentación que respalde el convenio de ocupación sólo refuerzan la sospecha de que el espacio fue entregado de manera directa y sin licitación a una integrante de la familia de Juan Martínez, violando los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
