De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Con pancartas en mano y gritando consignas de justicia, familiares de Eduardo “N” se manifestaron frente a la Fiscalía Regional de Córdoba, denunciando irregularidades en el proceso legal y la violación de derechos del detenido. Durante la protesta, hicieron un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que intervenga y se garantice un proceso imparcial.
Los manifestantes bloquearon el acceso principal de la Fiscalía sobre la calle 9, mientras denunciaban que la persecución política y la intimidación provienen directamente de la síndica Vania López y el alcalde Juan Martínez.
El traslado del ex regidor fue ejecutado con tres patrullas de la Policía Ministerial, mientras elementos de la Policía Municipal y de la Policía Naval, enviados por Enrique Morales Tolentino, director de Protección y Movilidad, vigilaban y amedrentaban a los familiares. La operación evidencia un uso faccioso de los recursos públicos para ejercer presión y controlar a quienes cuestionan la gestión de la síndica y del alcalde, consolidando un patrón de represión política.
Posteriormente, al subir a Eduardo “N” a la camioneta que lo trasladaría de regreso al penal de La Toma, los familiares se pusieron frente al vehículo en señal de protesta. Durante este acto, elementos policiales agredieron físicamente a la esposa y a la hija del ex regidor, empujándolas contra el pavimento, en un claro acto de intimidación que refleja la práctica sistemática de violencia y hostigamiento promovida desde las principales oficinas del gobierno municipal.
Familiares y allegados responsabilizaron también a la jueza de control Dany Elena Hernández García, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial, por avalar sin objeción las órdenes impulsadas desde el poder municipal. Denunciaron que la síndica y el presidente usan las instituciones y los cuerpos de seguridad para consolidar su estrategia adversaria, arriesgando los derechos humanos y el debido proceso.
