Agencias
Ciudad de México.- El asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz destapó la gravedad de la violencia que atraviesa Veracruz y encendió las alarmas del gobierno federal, que abrió una investigación para indagar presuntos vínculos entre autoridades municipales y células del crimen organizado en al menos diez municipios del norte de la entidad.
De acuerdo con fuentes de inteligencia militar y civil, las pesquisas señalan a jefes policiales y funcionarios municipales de permitir la operación de grupos delictivos dedicados principalmente a la extorsión mediante el cobro de piso.
La indagatoria se reforzó tras el hallazgo de restos humanos de al menos seis personas abandonados sobre la carretera Poza Rica–Cazones a inicios de agosto, así como por el motín en el penal de Tuxpan, que dejó ocho internos muertos y once más heridos. Ambos hechos fueron atribuidos a disputas de estructuras criminales que operan en la zona.
Las investigaciones alcanzan municipios como Pánuco, Álamo, Tihuatlán, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Tecolutla, Tempoal, Naranjos, Ozuluama y Chontla, donde comerciantes, empresarios, transportistas y vendedores de bienes raíces han denunciado extorsiones cotidianas.
Fuentes ministeriales detallaron que se emplean drones, operativos encubiertos, vigilancia en casas de seguridad, seguimiento a objetivos y escuchas telefónicas para recabar información que permita desmantelar las redes delictivas.
En el caso de la maestra Irma Hernández, de 62 años, exprofesora y taxista jubilada, la Fiscalía confirmó que fue secuestrada, torturada y obligada a grabar un video de intimidación antes de ser asesinada en el municipio de Álamo. Por este hecho, cuatro personas ya fueron detenidas.
Las autoridades federales aseguraron que la prioridad es identificar los nexos de protección institucional que han permitido la expansión del crimen organizado en Veracruz desde años anteriores y garantizar justicia a las víctimas de la violencia.
