De la redacción
El Buen Tono
Ciudad de México.- La decisión del juez federal Enrique Hernández Miranda de conceder libertad condicional a Julio César Chávez Jr., acusado de tráfico de armas y con presuntos vínculos con el crimen organizado, ha encendido las alarmas en el sistema judicial mexicano.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), impugnó la resolución y presentó un recurso de revisión que será analizado por un Tribunal Colegiado.
El hijo del legendario boxeador enfrenta un proceso penal que, por mandato constitucional, ameritaría prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo le permitió continuar el proceso en libertad, bajo la condición de no salir del país sin autorización judicial.
La trayectoria de Hernández Miranda ya estaba en el radar de las autoridades federales. En agosto de 2023, la propia Presidencia lo exhibió en la conferencia matutina dentro del informe Cero Impunidad, donde se reveló que ha dictado 13 resoluciones favorables a presuntos criminales, incluyendo nueve no vinculaciones a proceso, una calificación de detención ilegal y tres absoluciones.
Uno de los casos más polémicos ocurrió el 19 de julio, cuando decidió no vincular a proceso a un hombre detenido por tráfico de migrantes y cohecho, pese a que fue sorprendido trasladando a 116 extranjeros, entre ellos 37 menores de edad.
Las omisiones del juez también alcanzaron investigaciones contra objetivos prioritarios del gobierno federal. En uno de los expedientes más delicados, se abstuvo de imponer medidas cautelares contra Juvenal Jiménez Loza, “El Padrino”, señalado como líder de una red internacional de trata de personas que operaba en Tijuana, con ganancias estimadas en 100 millones de pesos mensuales.
Fuentes federales confirmaron que tanto la FGR como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen abiertas investigaciones sobre los posibles vínculos de Hernández Miranda con integrantes del crimen organizado, lo que coloca al juez en el centro de una creciente controversia nacional.
