De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Los ilegítimos Consejeros Ciudadanos del Comité Técnico del Fideicomiso han respaldado el desvío de fondos de Parquímetros. Sin rendir cuenta a la población, su silencio ha sido su mejor arma para beneficiar a intereses particulares.
El comité encabezado por Leonardo Antonio Penagos García, lejos de representar a la sociedad civil, actúa como un mecanismo de fachada que otorga apariencia de legalidad a decisiones que nunca son sometidas al escrutinio público. Este grupo, que debería funcionar como contrapeso ciudadano, se ha convertido en el aval fundamental para el desvío sistemático de recursos.
Este grupúsculo ha sido pieza clave en la validación de decisiones que benefician intereses particulares, incluyendo la adquisición de 152 celulares por casi un millón de pesos, con tres líneas telefónicas de celulares iPhone de alta gama que alcanzan valores de hasta 36,999 pesos cada uno.
En este contexto, la adquisición de los equipos celulares por parte de la Sindicatura Vania López González representa apenas un ejemplo reciente de este patrón de conducta. Además del desembolso inicial de 914,348 pesos, el fideicomiso contrajo un compromiso de pago mensual de 37,878 pesos durante un año por concepto de arrendamiento de estos dispositivos.
La justificación de que estos equipos eran necesarios para el área de parquímetros resulta particularmente cínica cuando se contrasta con la evidente falta de recursos para necesidades urgentes de la población, como la reparación de baches o servicios básicos.
La complicidad del comité ciudadano en este y otros manejos cuestionables del fideicomiso se ha mantenido constante a lo largo de los meses.
Leonardo Penagos y su séquito han avalado no solo esta adquisición, sino toda una serie de decisiones que han vaciado de sentido original al fideicomiso, transformándolo en una caja chica para fines particulares.
El mecanismo es claro: las obras y asignaciones de recursos se aprueban por este comité no representativo, que actúa como pantalla para legitimar el jaloneo del dinero entre los grupos de poder.
El caso de los celulares adquiere dimensiones aún más graves ante testimonios de trabajadores que reportan ser obligados a utilizar estos dispositivos para enviar mensajes masivos de propaganda política a favor de la síndica López González y otros candidatos.
Esta práctica, que constituye un claro uso de recursos públicos para fines electorales, se realiza bajo la mirada complaciente de un comité ciudadano que ha renunciado a su función de vigilancia.
