AGENCIA
Tampico, Tamps.- Tras la incursión de elementos federales en el Puerto de Tampico y la incautación del buque Challenge Procyon, que transportaba de manera ilegal más de 10 millones de litros de combustible, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) cesó a entre 25 y 30 trabajadores presuntamente ligados al tráfico de huachicol fiscal en el sur de Tamaulipas.
El director general de la Asipona en Tampico, vicealmirante Jaime Herrera Romo, informó que las bajas derivan de investigaciones encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), que mantienen abiertas varias líneas de indagación y no descartan futuras detenciones.
“No nada más por ser señalados fueron despedidos; cuando se demuestra que había cierta participación o encubrimiento, ante la sospecha fundada se procede a los ceses”, explicó Herrera Romo.
Los trabajadores fueron reemplazados por personal previamente evaluado bajo protocolos de control y confianza. Según el vicealmirante, esta medida forma parte de la depuración interna ordenada por la Semar, que desde 2021 tiene a su cargo la vigilancia y operación de los puertos del país.
El funcionario subrayó que la instrucción del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, es garantizar “transparencia total” en las investigaciones y en el manejo de instalaciones estratégicas.
Refuerzan seguridad en el puerto
Como parte de las medidas adicionales, se reforzó la seguridad en el Puerto de Tampico mediante la contratación de servicios de inteligencia y la instalación de sistemas de videovigilancia de última generación. “La seguridad existe, pero cuando se actúa con fines ilícitos se desvía esa seguridad. Actualmente todo está en funcionamiento y con servicios adicionales para blindar la operación”, puntualizó Herrera Romo.
Reconoció que en el pasado la seguridad portuaria fue vulnerada, pero aseguró que hoy se aplica una supervisión más estricta sobre todos los dispositivos y operaciones.
Huachicol fiscal: Pérdidas millonarias para el país
El caso ocurre en un contexto en el que Tamaulipas ha sido identificado como un punto estratégico para el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, que consiste en el ingreso irregular de gasolina y diésel mediante fraudes aduanales o documentos falsificados. Esta práctica genera pérdidas millonarias a la Hacienda pública.
La incautación del Challenge Procyon en marzo pasado, en el puerto de Altamira/Tampico, fue uno de los decomisos más relevantes del año, con más de 10 millones de litros de diésel introducidos de forma irregular al país.
Herrera Romo descartó que los despidos afecten la percepción de seguridad en el puerto. Por el contrario, afirmó que se trata de acciones para recuperar la confianza de la ciudadanía y del sector energético. “Estas acciones buscan dar certeza de que habrá transparencia. Que asuman sus responsabilidades quienes incurrieron y traicionaron sus deberes como funcionarios”, concluyó.
