Agencias
Ciudad de México. – El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, enfrenta una posible condena de hasta 158 años de prisión si es encontrado culpable de los delitos que se le imputan. Bermúdez, quien fue detenido en Paraguay y deportado a México el pasado 18 de septiembre, es señalado como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, acusado de operar con total impunidad durante su tiempo como funcionario público.
El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, detalló que los delitos que podrían llevarlo a una pena tan severa incluyen: secuestro agravado (50 a 100 años), asociación delictuosa (7.5 a 18 años), y extorsión (20 a 40 años). A esto podrían sumarse nuevas imputaciones de carácter federal, actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Todavía hay mucha distancia para llegar a una sentencia. Hay que cumplir varias etapas del proceso penal, pero se informará conforme avance”, señaló el fiscal.
Audiencia en espera; presión política y mediática en aumento
Bermúdez fue ingresado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde fue evaluado médicamente y se le garantizó acceso a su defensa legal. La Fiscalía de Tabasco informó que está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fije fecha y hora para su primera audiencia de vinculación a proceso.
El presidente del TSJ, Efraín Reséndez Bocanegra, afirmó que el juicio se conducirá “conforme a derecho” y negó presiones políticas, aunque las sospechas sobre encubrimiento e impunidad han rodeado el caso desde 2023, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió públicamente la destitución del entonces funcionario. A pesar del llamado presidencial, Bermúdez se mantuvo en el cargo durante meses, bajo la protección de actores políticos locales.
De secretario de seguridad a presunto cabecilla criminal
El caso ha causado indignación por el grado de infiltración criminal dentro de las instituciones de seguridad pública, donde Bermúdez no solo ocupaba un alto cargo, sino que habría utilizado su posición para encubrir y proteger a una red criminal operando desde el estado de Tabasco.
Según fuentes cercanas al caso, “La Barredora” operaba secuestros, extorsiones y cobros de piso bajo el amparo institucional, situación que hoy lo coloca como uno de los exfuncionarios más comprometidos con el crimen organizado en la historia reciente de Tabasco.
