De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El coordinador del rastro municipal, Arturo Acosta Galán, y el responsable de servicios municipales, René Moshe Burgette, fueron señalados por tablajeros de exigir pagos diarios de hasta 150 pesos por cada cerdo faenado. Los trabajadores indicaron que estas cuotas ilegales se recaudaban con respaldo de funcionarios del ayuntamiento, consolidando un esquema de corrupción que operó durante meses.
Los denunciantes afirmaron que Burgette mantiene vínculos con altos mandos municipales y con Manuel Alonso Cerezo, alcalde electo, identificado como operador de lavado de dinero y líder de un cártel inmobiliario local. Los pagos eran obligatorios y carecían de soporte legal, generando malestar entre los tablajeros.
El conflicto surgió cuando Acosta Galán dejó de entregar los recursos obtenidos con estas cuotas, lo que provocó su destitución. Posteriormente, los afectados realizaron una manifestación en la que reiteraron que el dinero nunca ingresó a las arcas municipales, estimando que el desvío podría superar los tres millones de pesos.
El excoordinador del rastro, Mario Villaverde, salió del cargo en agosto tras denuncias por manejo irregular y falta de control sobre cobros ilícitos. En su lugar fue nombrado Acosta Galán, quien carecía de experiencia técnica y política, quedando superado por intereses internos del ayuntamiento.
Aunque el regidor octavo, Erick Alberto Gasca Morales, presidente de la comisión del rastro municipal, tiene la supervisión del área, los tablajeros denunciaron su inacción, lo que permitió que la red de corrupción se consolidara sin sanciones.
Burgette entregó un informe al contralor municipal, Lauro Ramos Olmos, buscando aparentar acción oficial, aunque la denuncia ciudadana evidenció las irregularidades.
Finalmente, responsabilizaron directamente al gobierno de Juan Martínez Flores por permitir que el rastro municipal operara con prácticas corruptas.
