De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.-“Que pongan su denuncia”, fue lo único que dijo la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, al ser cuestionada por este medio sobre la ola de extorsiones que golpea a los transportistas del sur del estado. Esa respuesta refleja su nivel de corrupción y la absoluta incapacidad de la Fiscalía para proteger a los ciudadanos, dejando claro que el crimen sigue operando con total impunidad.
Los transportistas no esperan milagros: las denuncias ya existen, hay carpetas abiertas y hasta números de extorsión identificados —2291388767 y 7226487439— desde donde los criminales exigen un millón de pesos de cuota inicial y 70 mil pesos mensuales para dejar trabajar a las empresas sin represalias. A pesar de la evidencia, la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no han hecho nada: ninguna línea bloqueada, ningún aprehendido, ningún operativo para detener las amenazas. En tanto, camiones son incendiados, empresas han detenido operaciones en las minas de Jáltipan y los transportistas quedan solos frente a los criminales.
Un trabajador de la planta Materias Primas Monterrey, donde hombres armados exigieron datos de empresarios para extorsionarlos, relató: “La policía llegó cuando ellos ya se habían ido; aquí nunca pasa nada, aunque denunciemos”.
Empresarios y trabajadores acusan colusión directa de la Fiscalía y la SSP con el crimen organizado. Con denuncias, teléfonos, videos y testimonios en sus manos, no han movido un solo dedo para frenar la violencia. La respuesta de Hernández Giadáns deja claro lo que todos saben: una Fiscalía corrupta, omisa y cómplice, más preocupada por tener a su disposición escoltas y camionetas blindadas que por proteger a los veracruzanos.
