De la redacción
El Buen Tono
Río Blanco.- La administración que encabeza Ricardo Pérez García vuelve a quedar en entredicho tras la demolición de dos antiguas viviendas obreras del siglo XIX, consideradas parte del patrimonio histórico de Río Blanco. El derrumbe, lejos de ser un hecho aislado, reflejó la permisividad de las autoridades municipales y la opacidad en torno a la protección del legado obrero de la ciudad.
Los inmuebles, ubicados en la calle Oriente 2 esquina con Sur 4, frente al Palacio Municipal, eran de los últimos vestigios de las casas obreras vinculadas a la histórica fábrica textil, cuna del movimiento que derivó en la huelga de 1907.
Sin embargo, fueron reducidos a escombros por órdenes de José Gómez Deyta, actual tesorero del ayuntamiento y ex candidato de Morena, quien presumió ser el dueño del terreno y afirmó que “todo estaba en regla”.
Vecinos y ciudadanos expresaron su indignación no sólo por la pérdida material, sino porque la acción evidencia el desinterés de la autoridad por preservar la memoria histórica. Recordaron que estas viviendas fueron levantadas con vigas de acero y ladrillos semejantes a los de la fábrica, elementos arquitectónicos que daban cuenta de la vida obrera de la época.
Aunque vecinos afirman que las casas estaban bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ninguna institución intervino para detener la destrucción. Testigos aseguraron que los trabajadores repetían durante la demolición que “ya no había problema, ya se habían arreglado”, frase que alimentó la sospecha de arreglos políticos y complacencia oficial.
Con este acto, Río Blanco pierde un fragmento invaluable de su identidad cultural. Lo más grave, señalaron los habitantes, es la falta de transparencia y la indiferencia del ayuntamiento, que no defendió lo que representaba uno de los últimos símbolos del patrimonio obrero local.
Exigen al INAH y al municipio aclarar por qué borraron otro tramo de la historia de Río Blanco.
