Sandra González
El Buen Tono
ORIZABA.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) exhibió a la administración municipal de Orizaba, encabezada por Juan Manuel Diez Francos, al detectar inconsistencias en el manejo de la deuda pública que ponen en entredicho la transparencia y la credibilidad del gobierno local.
De acuerdo con la observación DE-118/2024/002 ADM de la Cuenta Pública de 2024, los saldos de las emisiones bursátiles contratadas por el Ayuntamiento no coinciden con los reportados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ni con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Mientras en el Registro Público Único aparece un adeudo de 46 millones 817 mil 893.78 pesos, la administración de Diez Francos aseguró en sus estados financieros que la deuda ascendía a 49 millones 5 mil 90.09 pesos, generando una discrepancia que vulnera la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El señalamiento es contundente: el ayuntamiento no ha cumplido con las normas que obligan a la rendición clara de cuentas y a la conciliación de cifras, dejando entrever un manejo a conveniencia sobre la deuda pública. El Orfis advierte que estas inconsistencias pueden derivar en responsabilidades administrativas para funcionarios y ex funcionarios del municipio.
No se trata de un error menor, pues además de esta irregularidad el Orfis emitió dos observaciones en materia de deuda pública y disciplina financiera. Entre las recomendaciones se encuentra la obligación de informar trimestralmente al Congreso local sobre el estado de la deuda, cancelar créditos liquidados y garantizar un balance presupuestario sostenible, obligaciones que la gestión municipal ha incumplido.
Con estas observaciones, el gobierno de Juan Manuel Diez Francos vuelve a quedar bajo la lupa pública. Lejos de la imagen de “orden” que presume, la fiscalización revela un ayuntamiento opaco, con cuentas que no cuadran y con una administración que no rinde cuentas con la claridad que exige la ley.
