De la redacción
El Buen Tono
Baja California.- Un juez federal rechazó la solicitud de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien pedía el desbloqueo de sus cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de ser señalada por el gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado.
El acuerdo 282/2025, emitido por la UIF de la Secretaría de Hacienda, incluyó a la también exalcaldesa de Rosarito en la lista de personas bloqueadas, con la consecuente inmovilización de sus cuentas en Banorte.
Brown Figueredo presentó un amparo que fue analizado por el juez Marco Antonio Arreola Herrera, del Juzgado Décimo de Distrito en Baja California, quien determinó negar la suspensión provisional al no encontrar pruebas que acreditaran que la legisladora era titular de las cuentas reclamadas.
El juez señaló que conceder la medida cautelar sin sustento violaría la Ley de Amparo, al presumir un derecho que no fue demostrado ni siquiera de forma indiciaria.
La morenista había solicitado ser retirada de la lista de personas bloqueadas y recuperar el acceso a sus fondos, argumentando que la acción de la UIF derivó de una acusación del Departamento del Tesoro estadounidense.
Dicha autoridad norteamericana la vinculó con la recaudación de pagos ilícitos a favor de los hermanos Alfonso y René Arzate, operadores de Ismael “El Mayo” Zambada, en Baja California Sur, señalando además el uso de su cargo como alcaldesa de Rosarito para favorecer a aliados del crimen organizado dentro del gobierno municipal.
