AGENCIA
Nacional.- A siete meses de la desaparición formal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y su reemplazo por Transparencia para el Pueblo, el acceso a la información pública ha sufrido un retroceso “preocupante”, según el colectivo de periodistas de investigación Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información (PIPAI).
Entre junio y agosto, de 833 solicitudes de información presentadas en distintas entidades del país, más de una tercera parte -35.38 por ciento (%)- fueron incompletas o evasivas, con datos parciales, ligas rotas o negativas injustificadas. Los periodistas denunciaron una “resistencia burocrática y tecnocrática” al acceso a la información, que dificulta la labor independiente frente a los canales oficiales de comunicación del gobierno.
El INAI centralizaba toda la información pública de sujetos obligados como gobiernos federal, estatales y municipales, la Fiscalía General de la República y partidos políticos, y administraba la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Además, su pleno de comisionados podía obligar a las instituciones a entregar información aun cuando los funcionarios se negaran a transparentarla.
Cuando se concretó la transición del INAI a Transparencia para el Pueblo el 12 de mayo, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Gómez, prometió que el derecho a la información quedaría protegido y que la dependencia no sería “juez y parte” en la decisión de transparentar o reservar información.
Sin embargo, en las primeras semanas se registraron fallas en la PNT, y en agosto Artículo 19 denunció que el nuevo organismo había desechado el 99.6% de los recursos de revisión. La Secretaría Anticorrupción afirmó posteriormente que solo se había desechado el 14.6% de los recursos recibidos.
El informe inicial de PIPAI concluyó que los 17 periodistas participantes vieron obstaculizado su trabajo debido a respuestas incompletas, evasivas y barreras formales e informales. La calificación promedio de accesibilidad y calidad de información fue de 1/5. Además, el 78% de los periodistas percibió deficiencias en la calidad de las respuestas, con dependencias que negaban información alegando “no competencia”, “seguridad nacional” o “información reservada”, principalmente en el gobierno federal.
Para los integrantes de PIPAI, estos hallazgos muestran un retroceso estructural y continuidad en la opacidad administrativa, afectando el derecho ciudadano al acceso a la información y limitando la labor del periodismo de investigación en México.
