De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Miguel Ángel Yunes Linares enfrenta señalamientos por el despilfarro del sistema de videovigilancia implementado durante su gestión estatal, en ese sentido, Manuel Molina Gómez, presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC), denunció que “este proyecto fue un desvío descarado de recursos públicos y un acto de corrupción que no puede quedar impune”, y exigió que la justicia federal actúe sin demora.
El activista dijo que durante su bienio se contrató a la empresa Comtelsat, SA de CV, para la adquisición e instalación de 6 mil 476 cámaras en regiones como Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Fortín y Cosoleacaque, con un costo superior a mil 100 millones de pesos.
Molina Gómez recordó que se tiene conocimiento que únicamente funcionan 2 mil 280 equipos, es decir, menos del 34 %, lo que demuestra que se trató de un gasto innecesario que no generó seguridad ni beneficios para la población. Además, “la ciudadanía fue engañada con un proyecto que sólo sirvió para propaganda política y enriquecimiento de la familia Yunes”.
En ese contexto, puso como ejemplo el caso de Córdoba, el C4 municipal refleja el fracaso de esta iniciativa: es prácticamente inoperante y no protege a la comunidad. Molina Gómez explicó, “la impunidad ha permitido que quienes aprobaron este derroche continúen en el poder, mientras los veracruzanos sufren las consecuencias de la corrupción”. Por ello, recalcó que la justicia debe actuar con firmeza, sin importar el contubernio político.
Por consiguiente, exigió que la Fiscalía Estatal cite al ex mandatario para aclarar el destino de los recursos y subrayó: “No es suficiente presentar excusas; el cinismo de convertir dinero público en botín político debe tener consecuencias legales.
Nadie está por encima de la ley”.
También advirtió que las redes de protección de figuras como el senador Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila no deben impedir la aplicación de la justicia.
