De la Redacción
El Buen Tono
ORIZABA.-Una vez más, el ayuntamiento encabezado por Juan Manuel Diez Francos, demuestra que el gasto público se convierte en un espectáculo para alimentar el ego de los funcionarios. En esta ocasión, la administración local derrochó 3 millones 464 mil 250 pesos para una rifa que, bajo el pretexto de “fomentar la participación ciudadana”, terminó exhibiendo el uso cuestionable de los recursos.
El sorteo incluyó 250 teléfonos Moto G 35 valuados en 2 mil 199 pesos cada uno, 250 laptops HP-dq0532la de 4 mil 779 pesos, y 250 pantallas Hisense de 50 pulgadas de 6 mil 879 pesos, según precios disponibles en portales de venta en línea.
Aunado al dispendio, hay un evidente conflicto de intereses: el Notario Público número 10, Alberto Galán Márquez, fue el encargado de dar fe del evento, siendo padre del secretario del ayuntamiento, Enrique Galán Díaz, subordinado directo de Diez Francos. Esta coincidencia vulnera el principio de imparcialidad administrativa y contraviene lo dispuesto por el Artículo 3 fracción VI y 47, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe a los servidores públicos intervenir en asuntos donde exista conflicto de interés.
También abre la puerta a una violación al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los recursos públicos deben administrarse “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
La rifa, más que una acción social, es una estrategia de autopromoción política en un municipio corrupto, donde los servicios básicos, como el abasto de agua o la calidad del pavimento, siguen generando reclamos ciudadanos.
