De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) no es un ente de control, es la oficina donde los alcaldes y exalcaldes pagan para limpiar sus robos. En lugar de sancionar a quienes desviaron recursos públicos, el ORFIS usa las observaciones como amenaza y moneda de cambio, convirtiendo la fiscalización en un negocio político y económico que protege a los mismos que debería investigar. Durante la gestión de Delia González Cobos, el ORFIS reporta 351 denuncias penales, 110 contra alcaldes de García Jiménez, con órdenes de aprehensión en 80% de casos. Pero no hay detenidos, ni sentencias, ni responsables pagando por los desvíos.
Existe un mecanismo claro: las observaciones del ORFIS presionan a alcaldes, quienes “arreglan” su situación pagando o alineándose políticamente. El daño: miles de millones en sobreprecios, licitaciones simuladas y comprobaciones falsas. La auditora ha reconocido la falta total de seguimiento con la Fiscalía: no sabe si las denuncias se integraron correctamente, si hay audiencias, procesos o recuperación de recursos. Así, año tras año, en los 212 municipios, el ORFIS extiende constancias que certifican que “nadie robó nada”, pese a que las obras incumplidas y el desvío de recursos son visibles a simple vista.
