De la Redacción
El Buen Tono
Fortín.- La administración de Gerardo Rosales Victoria cayó en un grave acto de encubrimiento institucional, luego de desaparecer de facto a la Policía Municipal, tras la muerte de Pablo Ortigoza Martínez, un joven de 19 años a manos de un elemento de esa corporación, y posteriormente negar por escrito que dicha desaparición haya ocurrido.
Como se recordará, la madrugada del 6 de marzo de 2025, un elemento de la Policía Municipal disparó y asesinó al joven boxeador amateur y estudiante universitario.
Su cuerpo quedó tirado a 100 metros de su casa, en la colonia Ricardo Ballinas. Testigos manifestaron que el oficial actuó de manera directa contra del joven.
Tras el crimen, la Policía Municipal fue retirada de inmediato, dieron de baja a los elementos, concentraron las patrullas y cerraron el edificio, dejaron la seguridad en manos de la SSP y la Guardia Nacional.
Cuando se solicitó información mediante transparencia (folio 30054742500173), el ayuntamiento respondió que “no existe información” sobre la desaparición de la corporación, sus causas ni su publicación en la Gaceta Oficial.
La negación oficial contradice lo que todo Fortín presenció y viola la ley, pues eliminar una corporación policial sin documentación y sin aprobación del Congreso constituye una acción administrativa ilegal.
Declarar inexistencia de información, cuando el hecho fue público, implica mentir deliberadamente en documentos oficiales, lo que configura responsabilidad administrativa y penal.
El gobierno de Gerardo Rosales abandonó la seguridad del municipio, borró a la Policía después de una muerte y mintió para ocultarlo, lo que constituye un delito.
