AGENCIA
CDMX.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una serie de reformas al código penal y a diversas leyes locales para combatir el despojo, las amenazas y los delitos cometidos por razones de género o prejuicios contra la diversidad sexual. Las modificaciones fueron avaladas en una sesión donde ningún dictamen recibió votos en contra ni abstenciones.
Con 58 votos a favor, legisladores capitalinos aprobaron incrementar las penas por el delito de despojo: la sanción mínima pasa de 5 a 6 años de prisión y la máxima de 10 a 11 años, además de multas que alcanzan las 200 mil Unidades de Medida, equivalentes a 22 millones 628 mil pesos, para quienes ocupen un inmueble ajeno mediante violencia física o moral. El castigo aumenta a un rango de 7 a 11 años cuando las víctimas sean personas mayores de 60 años, con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas.
La reforma también contempla ajustes al Código Civil, a la Ley Registral y a la Ley del Notariado de la Ciudad de México. Estas propuestas fueron impulsadas por la jefa de gobierno, Clara Brugada, y por el diputado local del PAN, Diego Garrido.
En materia de amenazas, el pleno avaló con 59 votos una iniciativa que endurece las penas de cárcel. El dictamen incluye la creación del artículo 130 bis, que establece que las sanciones por lesiones aumentarán en dos terceras partes cuando el ataque derive de razones de género contra mujeres o de prejuicios hacia personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, o características sexuales no normativas.
Las reformas también elevan a un rango de 10 a 15 años de cárcel, además de multas de entre mil y siete mil unidades de medida -equivalentes a entre 113 mil 140 y 791 mil 980 pesos- las sanciones cuando los delitos derivados del prejuicio incluyan homicidio, feminicidio o secuestro.
Adicionalmente, con 43 votos a favor, se aprobó modificar el artículo 130 del código penal para incrementar las penas por lesiones motivadas por razones de género o prejuicio hacia personas de la diversidad sexual. Aunque la sanción actual va de 6 meses a 8 años de prisión, esta podrá aumentar hasta la mitad cuando el agresor tenga una relación de confianza o subordinación con la víctima, como ocurre en ámbitos laborales, docentes, religiosos o de cuidado, lo que elevaría una pena de 8 años a un máximo de 12.
