AGENCIA
Nacional.- El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la posterior muerte de su agresor, Víctor Manuel, un joven de apenas 17 años abatido por un escolta cuando ya se encontraba detenido, volvió a exhibir la gravedad del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en Michoacán y en el país.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que el adolescente recibió un disparo cuando había sido sometido, lo que abrió nuevas interrogantes sobre el uso de la fuerza y el manejo de detenidos. La Fiscalía General del Estado informó que Víctor Manuel, originario de Paracho, tenía presencia de drogas en su organismo. Las primeras investigaciones apuntan a que habría sido reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con organizaciones como la Red de Derechos de la Infancia en México y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, Michoacán se ubica entre las entidades con mayor presencia de grupos criminales. Municipios como Apatzingán, Coalcomán, Zamora, Jacona y Uruapan mantienen una presencia delictiva constante que los convierte en territorios fértiles para el reclutamiento de menores.
Especialistas como Juan Carlos Quirarte advierten que los adolescentes no ingresan por voluntad propia, sino mediante coerción, violencia, promesas económicas o supuestas garantías de protección. La ausencia de oportunidades educativas y laborales provoca que la criminalidad se normalice como un mecanismo de supervivencia. Quirarte explica que la pertenencia, la búsqueda de poder y la aspiración a la fama son factores que influyen en los jóvenes, quienes suelen encontrar en estas redes criminales una identidad que el entorno social no les brinda.
El rezago educativo, la precariedad y los intereses económicos generados por actividades agrícolas como la producción de aguacate, limón y berries, también han creado tensiones que impactan en comunidades vulnerables de Michoacán, donde niños y adolescentes quedan expuestos a la violencia como parte de su realidad cotidiana.
A esta problemática se suma el avance del reclutamiento en zonas urbanas como la Ciudad de México. El asesinato del abogado David Cohen, presuntamente cometido por Héctor Hernández, un joven de 18 años contactado mediante dádivas económicas, evidencia que las redes delictivas también están captando perfiles juveniles en la capital.
El doctor Boris Alexander Caballero Escorcia señala que el reclutamiento es forzado en todos los casos, pues los menores carecen de capacidad para dimensionar o consentir las actividades que se les imponen. A diferencia de estados donde los grupos criminales ejercen control territorial claro, en la Ciudad de México esta presencia es difusa, lo que hace más difícil detectar las redes de captación.
Factores como el abandono familiar, la falta de supervisión, el trabajo de los padres en horarios extendidos y la deserción escolar ponen a los jóvenes en vulnerabilidad extrema.
Aunque diversas iniciativas buscan frenar el reclutamiento, persisten dudas sobre la dirección de las políticas públicas. En Baja California, legisladores de Morena propusieron que adolescentes entre 14 y 18 años sean juzgados como adultos en delitos graves. Sin embargo, especialistas advierten que la respuesta no debe centrarse en el castigo, sino en fortalecer los sistemas de reinserción.
El país enfrenta un déficit de infraestructura y personal capacitado en los centros de internamiento juvenil. No existe una estructura sólida que garantice procesos integrales de reinserción, y tampoco hay protocolos robustos para dar seguimiento a los adolescentes tras su liberación.
Mientras tanto, algunos gobiernos han optado por prohibir música o expresiones culturales relacionadas con la violencia, aunque expertos consideran que estas medidas son intrascendentes y no resuelven factores estructurales. Las organizaciones civiles señalan que se necesita pensamiento crítico, programas de acompañamiento psicológico, alternativas educativas reales y presencia institucional en comunidades rurales y zonas de riesgo.
Reinserta calcula que alrededor de 250 mil niños y adolescentes de entre 12 y 15 años están en riesgo de ser reclutados en México. Los estados con mayor incidencia incluyen Chihuahua, Colima, Baja California, Estado de México y la propia Ciudad de México.
La cobertura institucional sigue siendo limitada, la atención psicológica es insuficiente y las organizaciones civiles dependen de recursos escasos. Expertos proponen la creación de un registro nacional de menores en riesgo, programas de reintegración con acompañamiento educativo y mecanismos permanentes de protección.
El caso de Víctor Manuel no es aislado. Es el reflejo más crudo de una realidad en la que miles de adolescentes son vistos por las organizaciones criminales como desechables, mientras el Estado continúa sin garantizar oportunidades, protección y alternativas reales para evitar que más jóvenes terminen engrosando las filas del crimen organizado.
