Juan López
El Buen Tono
Fortín.- El personal sindicalizado de la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CASF), estalló la semana pasada por irregularidades financieras que evidenciaron la corrupción e impunidad de la administración de Gerardo Rosales Victoria.
De acuerdo con el Orfis, que vendió la liberación de los estados financieros al municipio, la Cuenta Pública 2024 registró un faltante por 326 mil pesos, gastos sin comprobar por 252 mil pesos y adeudos por 250 mil pesos a funcionarios y empleados del organismo.
Lo anterior, sin que hasta el momento medie alguna explicación.
El desorden financiero es apenas un anticipo de los problemas que podrían replicarse en otras áreas del ayuntamiento.
El alcalde, Gerardo Rosales Victoria, consolidó un esquema de corrupción con la complicidad de la regidora, Ixchel Zitlally Espíritu Apolinar, y del contralor municipal, mientras que la titular de Comunicación Social, María Betsabé Cárdenas García, se encarga de ocultar información y denostar a la prensa crítica.
También bloquea la transparencia, lo que dificulta que los ciudadanos conozcan la situación de los recursos públicos que aportan vía impuestos.
La opacidad y el control político sobre la información profundizó la crisis de la CASF, dejó a trabajadores y habitantes en una posición vulnerable y de riesgo.
Trabajadores sindicalizados denunciaron retrasos en el pago de prestaciones desde junio pasado, incluyendo aguinaldos y cuotas sindicales.
Alertaron sobre la presencia de familiares de funcionarios en cargos estratégicos dentro de la dependencia.
La rotación constante de directores y subdirectores generó un desorden financiero que afecta al personal, pero también a los habitantes de Fortín que dependen del servicio de agua potable.
Expertos advirtieron que, de no aplicarse medidas correctivas inmediatas, la corrupción que se descubrió en la CASF podría replicarse en otras áreas del gobierno municipal.
