De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La integración del cabildo que acompañará a Manuel Alonso Cerezo confirma un ayuntamiento construido desde la descomposición institucional. El futuro alcalde, señalado como operador del lavado de dinero y líder del cártel inmobiliario, consolidó una planilla para blindar intereses privados, asegurar lealtades y bloquear la vigilancia ciudadana.
MC, PRI, PAN y PVEM quedaron como comparsa funcional del proyecto. Su presencia no representa pluralidad ni contrapeso, sino acomodo político para garantizar que el negocio continúe sin obstáculos.
Alonso Cerezo mantendrá el control total de la administración, mientras Luis Abella Alvarado seguirá operando como pieza clave, arrastrando antecedentes como facturero al servicio del crimen organizado. Ambos sostendrán un gobierno basado en pactos internos y complicidades ajenas al interés público.
La Sindicatura quedó en manos de Irene Sedas González y Andrea Aceval Sánchez, quienes administrarán facultades sensibles sin vigilancia real. Las regidurías confirman el deterioro político: María Ángela Ordinola mantiene su influencia; Jorge “Chelas” Huerta llega con historial nocturno y señalamientos; Glorisel Ixmatlahua regresa sin aclarar gestiones previas.
Se suman perfiles ligados a redes familiares y cuotas de poder: Vania López, beneficiada junto a su hermana Itzel con escolta municipal; Nayibe Sacre, del círculo de Leticia López; Jaqueline Rodríguez, colocada por acuerdos políticos.
El caso más delicado es Nhesma Faride Telis, pareja de Víctor Serralde, quien —según señalamientos— tomará decisiones desde esa oficina. Completan la estructura Claudia Olga de la Huerta, conocida por su chapulineo, y José Javier Medina Rahme, exsíndico panista que vuelve por su cuota.
Córdoba enfrentará un cabildo diseñado para servir a intereses privados. La pluralidad será sólo un disfraz para legitimar la continuidad de los mismos grupos, mientras la ciudadanía queda al margen de las decisiones fundamentales.
