

Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- De cara a su fin de administración, el Ayuntamiento de Córdoba, que preside Juan Martínez Flores y que cuenta con Vania López González como Síndica Única Municipal, ha formalizado en los últimos meses de su administración una serie de contratos por servicios especializados por un monto total que supera los siete millones de pesos, evadiendo los procesos de licitación pública mediante la figura de la “Adjudicación Directa por Excepción de Ley”.
Estos contratos celebrados este 2025, no son transparentes, se adjudicaron apresuradamente y confirman el manejo opaco del gobierno municipal, acusan ciudadanos y observadores.
LOS MILLONARIOS CONTRATOS
Los primeros meses de 2025 vieron la firma de dos contratos para reforzar las capacidades de la Tesorería Municipal.
El contrato de asesoría legal, asignado directamente a Argel Humberto Aguirre García por 2 millones de pesos destacando este monto en los reportes de adjudicación, pero no en el contrato.
De manera paralela, se contrató a la firma BC Contadores Públicos y Consultores S.C. para brindar asesoría contable, cuyo importe total tampoco se detalla en el convenio, pero sí en los resultados de adjudicación por un monto de 2 millones de pesos, pactándose también pagos periódicos. Ambos contratos, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, eluden los procesos de licitación pública.
Uno de los montos más significativos se destinó a la empresa Burgos Cervantes y Asociados, S.C. El contrato para la evaluación de consistencias y resultados de los fondos FAISMUN y FORTAMUNDF tiene un valor de 1,034,482.70 pesos.
La ironía reside en que la administración contrata a un despacho externo para que audite el manejo de recursos federales, una tarea que constitucionalmente corresponde a los órganos de control interno del propio cabildo, como la Sindicatura que ostenta Vania López González.
El contrato de mayor cuantía fue asignado a la empresa Mantenimiento y Soluciones Técnicas RUBAC, por un monto total de 3,097,229.37 pesos. Este contrato cubre los gastos indirectos por la supervisión externa de las obras del FAISMUN para el año 2025.
El procedimiento de contratación no fue una licitación pública abierta, sino una invitación a cuando menos tres personas. Además, el contrato establece un anticipo del treinta por ciento, equivalente a 929,168.81 pesos, lo que representa un riesgo fiscal al desembolsar una suma considerable por un servicio aún no rendido.
