Ciudadanos enfrentan trabas, desinformación y triangulación de trámites en la delegación, mientras la administración municipal de Alonso Cerezo prioriza lealtades sobre capacidad técnica.
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver. – Una ciudadana acudió este viernes a la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Córdoba con la esperanza de resolver un conflicto de consumo, pero se encontró con una realidad inquietante: la delegación opera a puerta cerrada, sin realizar audiencias, y el personal le informó que su expediente, agendado desde diciembre, no estaba registrado en el sistema local.
De acuerdo con el relato de la afectada, quien prefirió reservar su identidad, el personal le explicó que las audiencias no se llevan a cabo en Córdoba debido a la falta de un nombramiento oficial del titular actual, y que los casos están siendo redirigidos a Veracruz. Sin embargo, lo más alarmante fue que le exigieron que fuera ella quien llamara a la oficina de Córdoba para reprogramar su audiencia, en lugar de que la comunicación se realizara internamente entre las dependencias.
“¿Acaso ustedes no notifican a la oficina de Córdoba? ¿Por qué yo debo decirles? Cuando es parte de su trabajo, el cual perciben un sueldo”, cuestionó la ciudadana en un escrito dirigido a la autoridad.
Este caso no es aislado. Fuentes internas y usuarios frecuentes señalan que, desde el inicio de la administración municipal de Manuel Alonso Cerezo, la oficina de Profeco en Córdoba –que durante años operó con normalidad bajo diversas administraciones– ha entrado en una espiral de desorganización y opacidad que perjudica directamente el derecho a la defensa de los consumidores.
