AGENCIA
Nacional.- Una cadena de irregularidades, omisiones y decisiones políticas marcó el fin de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (ENBG), uno de los proyectos emblemáticos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador para depurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Lo que comenzó como un intento por dar certeza sobre el número “real” de personas desaparecidas terminó convertido en un ejercicio inválido, opaco y profundamente cuestionado por sus propios operadores.
La ENBG, puesta en marcha en mayo de 2023 y conocida públicamente como el “censo” de AMLO, fue abandonada de facto en el arranque del actual sexenio tras detectarse graves errores que hicieron imposible validar la información recabada. Entre ellos, la falsificación de firmas de víctimas presuntamente localizadas y de funcionarios, la pérdida de cientos de cuestionarios levantados casa por casa, y la eliminación de nombres del registro oficial sin un proceso formal ni transparente.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó inicialmente que la estrategia continuaría, el plan desapareció de la agenda pública. Desde hace casi dos años, el gobierno federal dejó de informar sobre los resultados del censo; en abril de 2024 se suspendieron las visitas domiciliarias en los estados y se desmanteló el centro telefónico que contactaba a las familias de personas desaparecidas. No hubo explicaciones públicas ni comunicación con las madres buscadoras. Simplemente, el proyecto se dio por terminado sin reconocer su fracaso.
El silencio se rompió parcialmente el 14 de noviembre pasado, cuando Sheinbaum anunció una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que hoy supera las 133 mil víctimas. La revisión, dijo, se basará ahora en el número de carpetas de investigación abiertas, bajo el argumento de que “por ley” solo se considera desaparecida a una persona si existe un expediente penal.
Este cambio de criterio ha encendido alertas entre especialistas y colectivos, quienes advierten que condicionar el reconocimiento de una desaparición a la apertura de una carpeta de investigación puede profundizar el subregistro, especialmente en un país donde muchas fiscalías se niegan a recibir denuncias o generan desconfianza entre las familias por posibles vínculos con el crimen organizado.
El colapso de la ENBG se fraguó en junio de 2024, durante una reunión en la Comisión Nacional de Búsqueda entre funcionarios de la Secretaría de Bienestar y de la propia comisión. Ahí, según extrabajadores presentes, se detectó que numerosos cuestionarios originales se habían perdido. Para subsanar el vacío, personal de Bienestar habría copiado a mano la información digital en nuevos formatos físicos, falsificando firmas para intentar validar los datos. Las inconsistencias fueron evidentes: rúbricas que no coincidían, nombres mal escritos y firmas de funcionarios que ya no laboraban en la dependencia.
Estos hallazgos invalidaron por completo el ejercicio. A pesar de ello, la presión interna se mantuvo para cambiar el estatus de personas desaparecidas a “localizadas” y reducir así el número oficial de registros. En la práctica, la prioridad no fue notificar a las familias, sino dar de baja nombres del registro nacional.
Desde su origen, la estrategia estuvo marcada por una obsesión con las cifras más que con la búsqueda efectiva. Las listas iniciales no fueron depuradas ni verificadas; se omitieron fotografías, datos clave como la CURP y mecanismos para evitar confusiones por homónimos. En campo, servidores públicos sin capacitación enfrentaron a familias revictimizadas, mientras que las llamadas telefónicas generaron miedo, sospechas y falsas expectativas.
La metodología también provocó la renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda en agosto de 2023. Tras su salida, advirtió que la intención era reducir artificialmente el número de personas desaparecidas, no esclarecer los casos. Su sucesora continuó con un enfoque centrado en cruces administrativos y búsquedas masivas que derivaron en errores graves de clasificación.
Los propios datos oficiales reflejan la inconsistencia. Entre marzo de 2024 y abril de 2025, el avance en localizaciones fue marginal, sin claridad sobre cuántos casos fueron formalizados. Al mismo tiempo, aumentaron los registros sin datos suficientes para la búsqueda, mientras las desapariciones siguieron creciendo: en el primer año del sexenio de Sheinbaum, el promedio se elevó a 40 personas desaparecidas al día.
El giro actual del gobierno apunta a sustituir, en los hechos, el registro nacional por una base de carpetas de investigación. Para defensores de derechos humanos, esto reduce la crisis de desapariciones a un problema administrativo y penal, dejando fuera a miles de familias que no pueden o no se atreven a denunciar ante el Ministerio Público.
A esto se suma un discurso oficial que minimiza la gravedad del fenómeno, al atribuir numerosos casos a “ausencias voluntarias” por conflictos familiares. Para las familias buscadoras, esta narrativa no solo es ofensiva, sino peligrosa: abre la puerta al cierre de investigaciones y al olvido de casos históricos.
El abandono de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada no fue un hecho aislado, sino el síntoma de una política que privilegió el control del daño político sobre el derecho a la verdad. En lugar de fortalecer la búsqueda y la identificación, el Estado optó por redefinir el problema, diluir las cifras y desplazar la responsabilidad. Para las más de 133 mil personas desaparecidas y sus familias, el resultado es el mismo: menos certezas, menos respuestas y una crisis que sigue sin enfrentarse de fondo.
Salen con lo de errores técnicos. Es posible que haya sido un acuerdo con los militares no avanzar con la Estrategia; recordemos que el Ejército es un aliado de la 4T. A propósito ¿Dónde anda Alejandro Encinas?
Sin una metodología clara, sin sensibilidad (como siempre) y sin voluntad política y sin presupuesto.
