Los abogados de Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar a Brian Thompson, un ejecutivo de UnitedHealthcare, en diciembre pasado en Nueva York, han presentado este jueves una moción en la que exigen la eliminación de cargos de terrorismo estatal y cuestionan la validez de las acusaciones en su contra. El caso, que ha captado la atención pública, involucra múltiples cargos, incluido el asesinato de primer y segundo grado, así como el crimen terrorista, que según los abogados, carecen de fundamento.
El equipo legal de Mangione argumenta que las autoridades no han podido probar que el crimen fuera cometido con la intención de intimidar o coaccionar a la población civil, como lo requiere la definición legal de terrorismo. En su moción de casi 60 páginas, la abogada Karen Friedman Agnifilo sostiene que la evidencia presentada por el gran jurado no establece la intención necesaria para justificar los cargos de terrorismo.
Además, los defensores de Mangione denuncian la imputación simultánea en tres jurisdicciones diferentes: federal, en Nueva York y en Pensilvania. Consideran que esta práctica violenta los derechos constitucionales de Mangione, ya que las autoridades están basando sus acusaciones en “teorías contradictorias”, lo que podría perjudicar su defensa en cada uno de los casos.
Otro punto crítico que destacan es que las declaraciones de Mangione a las fuerzas del orden deben ser excluidas como prueba, pues no se le leyeron sus derechos Miranda en el momento de su detención. A su vez, reclaman que las pruebas obtenidas de su mochila deben ser desestimadas, ya que fue registrada sin una orden judicial.
La detención de Mangione, de 26 años, ocurrió en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, cinco días después del presunto asesinato de Thompson el 4 de diciembre de 2024. Actualmente, Mangione se encuentra en prisión preventiva en Brooklyn, y ha declarado no culpable tanto de los cargos federales como de los estatales, que incluyen asesinato, acoso y uso de arma de fuego. En caso de ser hallado culpable, enfrentaría la pena de muerte.
Este caso, que se mantiene bajo un intenso escrutinio público, pone en evidencia la complejidad de las acusaciones y el debate sobre las interpretaciones legales del terrorismo en situaciones de crimen violento. La defensa de Mangione sigue luchando contra lo que consideran cargos injustificados y un trato procesal que podría afectar gravemente sus derechos fundamentales.
