Agencias
Orizaba.- Un momento de extrema tensión se vivió en calles de Orizaba cuando elementos de la policía municipal revisaban una motocicleta y, ante la cámara de un ciudadano, una oficial reaccionó con evidente e injustificada molestia.
De acuerdo con la denuncia, los oficiales incluso habrían intentado detener a la persona por el simple hecho de ejercer su derecho a grabar el procedimiento. El afectado, consciente de sus garantías, continuó registrando en video a pesar de la presión de los uniformados.
En México, la ley es clara: el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizan que cualquier persona puede grabar a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando se trate de posibles actos de corrupción o abuso de autoridad.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública también respalda este derecho, al establecer que los actos de autoridad son de interés público y, por tanto, no pueden considerarse privados.
