Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- El hostigamiento y acoso laboral contra mujeres dentro de la empresa Casavegas continúa sin ser frenado, pese a denuncias reiteradas y plenamente identificadas, configurando no sólo una falta ética, sino una violación directa a la Ley Federal del Trabajo y a los derechos humanos, ante la tolerancia de mandos internos y la ausencia de una intervención firme por parte de la autoridad municipal.
Trabajadoras de la empresa, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, señalaron como responsables a Francisco Javier Pozos e Ismael, quienes ejercen conductas de acoso y faltas de respeto con total impunidad. De acuerdo con el testimonio, ambos cuentan con el respaldo del jefe inmediato, lo que ha generado un entorno laboral hostil donde las denuncias son ignoradas y las víctimas silenciadas.
La denunciante expuso que esta situación ya fue reportada previamente ante un superior identificado como Juan Iván, sin que se le aplicará medida alguna.
En el caso de Francisco Javier Pozos, existen antecedentes de reportes por conductas similares; sin embargo, su cercanía personal con la jefatura -incluido el hecho de vivir en su domicilio- ha derivado en una protección evidente que perpetúa el abuso de poder y normaliza el acoso hacia las trabajadoras.
Este escenario contraviene de manera directa el artículo 3 Bis de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe expresamente el hostigamiento y el acoso sexual, así como el artículo 132, que obliga al patrón a garantizar un entorno laboral libre de violencia.
Asimismo, vulnera el artículo 1º de la Constitución, que prohíbe toda forma de discriminación, y tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Ante la falta de acciones internas, las trabajadoras hicieron un llamado público al presidente municipal Hugo Chahín Kuri, para que deje de lado la indiferencia y exija a la nueva administración de Casavegas actuar conforme a la ley.
Advierten que permitir el hostigamiento por omisión equivale a encubrir violencias estructurales, particularmente contra mujeres que, por necesidad económica, se ven obligadas a soportar abusos para conservar su empleo.
