Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Monserrat N., víctima de violencia familiar en su modalidad psicológica, presentó una queja formal ante la Contraloría Municipal en contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Córdoba, al que acusa de abandono institucional, omisión y falta de profesionalismo en el seguimiento de su proceso penal.
La denunciante inició su procedimiento legal en 2024 ante la misma instancia, cuando la dirección estaba a cargo de Laura Pérez Betancourt. Sin embargo, asegura que con la actual administración, encabezada por Mónica Ponce Zamudio y la asesora jurídica María de la Trinidad Pizarro Jiménez, su caso se ha visto entorpecido.
De acuerdo con el escrito de queja, el 6 de febrero de este año Monserrat N. fue notificada por un juzgado sobre una apelación promovida por su agresor para retirar las medidas cautelares en su contra. Al acudir con la asesora jurídica, ésta le habría indicado que ella personalmente debía recoger y entregar la notificación, pese a que legalmente la asesora podía realizar dicha gestión.
Al acudir al juzgado el 12 de febrero, la víctima descubrió que existía una apelación previa con fecha del 10 de noviembre de 2025, de la cual nunca se le notificó ni a ella ni a su anterior asesora, lo que implicó una dilación en el proceso. Personal del juzgado le informó que la contestación debía entregarse a más tardar el 17 de febrero para ser enviada a Xalapa.
Pese a que Monserrat N. envió los documentos vía escaneo a la asesora jurídica, dijo no haber recibido respuesta durante días. Tras múltiples mensajes, la funcionaria le habría indicado que intentaría elaborar la contestación, pero que enfrentaba carga de trabajo y problemas de salud.
La víctima narró que incluso la titular del Instituto, Mónica Ponce, le habría pedido confiar en ellas y le aseguró que no pasaba nada si no se contestaba la apelación, versión que contradice lo que ella misma investigó: que la falta de respuesta podría interpretarse como una aceptación de los argumentos del imputado.
Es ahí donde me doy cuenta de la falta de compromiso, respeto, empatía, profesionalidad y responsabilidad que tienen conmigo al ser víctima de violencia, expresa Monserrat N. en su queja.
La denunciante advierte que si su proceso penal resulta afectado por la falta de seguimiento, las funcionarias deberán hacerse responsables.
Se buscó la versión del Instituto Municipal de las Mujeres de Córdoba. De manera extraoficial, una fuente de la dependencia refirió que no les han notificado formalmente sobre la queja presentada ante Contraloría.
La carpeta de investigación de Monserrat N. corresponde al número 672/2024 y el proceso penal al 391/2025.
